La jornada única, extendida o 40x40 ha abierto la posibilidad para algunos docentes de aceptar las horas extras por fuera de su jornada habitual de trabajo. Aunque por la necesidad económica muchos acceden, políticamente no es conveniente aceptar esas horas.
Es de anotar que no existe una norma fija que regule las horas extras las normas transitorias y las horas extras se determinan cada año en el decreto de salarios que emite el Presidente de la República.
Un docente puede tener hasta 10 horas extras adicionales, cobrar por esas horas a un precio según el grado del escalafón y no pueden ser más de 40 al mes. Se convierten en una remuneración extra y les generan unos efectos en las prestaciones sociales.
Sin embargo, el concepto de horas extras precariza la profesión docente. Desvaloriza el concepto salarial, porque hace una mejora pequeña y paliativa al salario, la cual está condicionada a una sobrecarga laboral. Además, desmejora su ritmo de vida y su preparación académica.
El maestro o maestra se ve obligado a asumir más alumnos, más compromisos, más tareas y mayores procesos de evaluación; a la vez, que disminuye su tiempo para preparar sus clases y permanece más horas en la institución.
Entonces, lo que aparentemente se presenta como un incentivo realmente está restando en calidad de vida, de trabajo y académica al ejercicio de la profesión. Las horas extras se usan como un adicional para compensar el verdadero monto que debería estar devengando un docente. Especialmente porque desde hace muchos años los salarios han ido bajando y han perdido poder adquisitivo.
Ahora bien, tampoco es aceptable que esas horas terminen manos de tutores procedentes del Sena, Bienestar Familiar o entidades privadas. Esto es tercerización de la profesión con personas que, además, tampoco reciben el salario ni las prestaciones correspondientes. Si el sistema educativo requiere más maestros, el Ministerio debe convocar a un nuevo concurso de ingreso, de esa manera, también le da a la oportunidad a profesores que hoy se encuentran en provisionalidad y a los mismos tutores de formalizar su trabajo.
Para la Fecode, es necesario asegurar el concepto de ‘salario profesional’. En el pliego de peticiones del 26 de febrero hay un punto dedicado específicamente a exigir una nivelación, un proceso donde el salario de los educadores y educadoras esté acorde con su formación y trabajo, es decir, como profesionales.
